POR: VIVIANA MARCELA SÁNCHEZ ALVARADO Odontologa, Especialista en Gerencia de Calidad y Auditoría en Salud.
Hablar de salud pública en Colombia despierta un profundo sentido de responsabilidad y preocupación entre los profesionales de la salud, quienes desean brindar más a sus pacientes pero se enfrentan a barreras significativas que limitan la efectividad de este derecho fundamental.
En el entramado político del país, las prácticas burocráticas obstaculizan el funcionamiento eficiente de muchas instituciones de salud, convirtiendo la atención médica en un negocio y dejando a numerosas comunidades en situación de vulnerabilidad, donde la desigualdad y la desinformación son moneda corriente.
En regiones como el departamento del Huila, caracterizado por poblaciones rurales de difícil acceso, los campesinos luchan por llevar sus productos al mercado y, a menudo, pagan por servicios médicos con alimentos. Esta realidad evidencia las limitaciones en el acceso a la atención sanitaria, con largas filas y la necesidad de obtener fichas para ser atendidos.
La salud, concebida como un derecho fundamental, debería garantizar igualdad, oportunidad y pertinencia en las intervenciones preventivas. Sin embargo, la realidad muestra una brecha entre la teoría y la práctica, con instituciones enfocadas en intereses políticos y falta de formación humanística entre los profesionales de la salud.
Las consultas médicas a menudo se limitan al motivo aparente de la visita, olvidando que la salud es un estado integral de bienestar físico, social y psicológico que requiere un enfoque holístico.
El aumento alarmante de las tasas de suicidio en departamentos como Huila, Putumayo y Nariño desde 2015 es un indicador de las crecientes crisis de salud mental en el país, exacerbadas por la pandemia de COVID-19 y sus efectos en el distanciamiento social y las condiciones de vida.
Los jóvenes, especialmente vulnerables a problemas de salud mental, enfrentan carencias de apoyo y acompañamiento por parte de la sociedad y sus familias, lo que contribuye a la prevalencia de trastornos como la depresión, el abuso de sustancias y comportamientos agresivos.
La respuesta a estas crisis de salud pública requiere un enfoque integral, con gobiernos comprometidos con el bienestar de todos los ciudadanos, profesionales de la salud empáticos y dedicados, recursos suficientes y programas de educación y prevención que alcancen a las poblaciones más vulnerables.
La salud en Colombia no puede ser un privilegio para unos pocos y una necesidad para muchos. Es fundamental un cambio de paradigma que ponga el bienestar de la población en el centro de todas las políticas y acciones gubernamentales, con un mayor énfasis en la humanidad y la solidaridad en la prestación de servicios de salud.
La falta de recursos, tanto humanos como financieros, sigue siendo una de las principales limitaciones para garantizar una atención médica equitativa en todo el país. Se requiere una distribución más justa de los recursos y una mayor inversión en infraestructura y capacitación del personal de salud.
Además de abordar las necesidades inmediatas de atención médica, es crucial implementar estrategias de prevención a largo plazo para reducir la carga de enfermedades crónicas y promover estilos de vida saludables en la población.
El papel de la comunidad y la participación ciudadana son fundamentales en este proceso, ya que la salud pública no es solo responsabilidad del sector sanitario, sino de toda la sociedad en su conjunto. Es necesario fomentar la conciencia colectiva sobre la importancia de la salud y la solidaridad hacia los más vulnerables.
