En una sorpresiva e histórica decisión judicial, la Corte Suprema de Justicia ordenó este miércoles 7 de mayo la captura inmediata de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente.
POR: ANDRÉS RODRÍGUEZ.
Ambos son señalados de haber recibido un millonario soborno a cambio de favorecer reformas impulsadas por el Gobierno Nacional.
El caso, que ha estremecido al corazón del poder legislativo, gira en torno a un presunto entramado de corrupción dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según las investigaciones, los congresistas habrían recibido cerca de $4.000 millones de pesos con el objetivo de apoyar, desde sus altos cargos, iniciativas legislativas clave para el Ejecutivo.
La orden de captura marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción política en Colombia, evidenciando cómo estructuras estatales como la UNGRD podrían haber sido instrumentalizadas para negociar favores a través de millonarias coimas.
Las reacciones no se han hecho esperar. Distintos sectores políticos y sociales exigen transparencia, justicia y una depuración real dentro del Congreso. Mientras tanto, las autoridades avanzan en la judicialización del caso, que podría desencadenar nuevas capturas y profundizar en redes de corrupción de alto nivel.
Con este nuevo capítulo, la confianza ciudadana en las instituciones vuelve a tambalear, exigiendo respuestas rápidas y contundentes por parte de la justicia y el Gobierno.
