La violencia política contra las mujeres en internet es una de las mayores amenazas para la democracia contemporánea. En un mundo cada vez más digitalizado, donde la participación política depende en gran medida de las plataformas virtuales, las mujeres seguimos enfrentando un hostigamiento que busca silenciarnos, desacreditarnos y desalentarnos. Las redes sociales, en lugar de ser espacios de debate y construcción de ideas, se han convertido en escenarios donde la violencia de género se expresa con total impunidad, afectando no solo a candidatas y funcionarias, sino también a periodistas, activistas, líderes sociales y profesionales que desafiamos las estructuras tradicionales de poder.
El problema es global y tiene raíces profundas en la discriminación histórica que hemos enfrentado las mujeres en la política. Los ataques en línea no se limitan a la crítica legítima de propuestas o gestión, sino que buscan descalificarnos a través de insultos, amenazas de violencia física y sexual, desinformación y estrategias de ridiculización. No es una coincidencia que tantas mujeres que nos atrevemos a levantar la voz en espacios de decisión terminemos enfrentando un nivel de hostigamiento que rara vez se dirige hacia nuestros colegas hombres. La intención detrás de estos ataques es clara: disuadirnos, generarnos miedo y hacer que nos autocensuremos o abandonemos nuestras aspiraciones.
La violencia política en internet se manifiesta de diferentes formas, desde amenazas directas hasta la difusión de noticias falsas y contenido manipulado. En muchos casos, el objetivo es dañar nuestra imagen pública, desmoralizarnos y aislarnos de los debates. Las cifras hablan por sí solas: según un estudio de la UNESCO y el Centro Internacional para Periodistas, el 73% de las mujeres periodistas ha sido víctima de violencia digital. Si esto ocurre con comunicadoras que están acostumbradas a manejar la presión pública, ¿qué podemos esperar las mujeres que decidimos postularnos a un cargo público sin contar con redes de apoyo o asesoría especializada?
A esto se suma el hecho de que muchas mujeres que denunciamos la violencia en línea terminamos revictimizadas, sin recibir el respaldo institucional que necesitamos. Las denuncias, en su mayoría, quedan en la impunidad debido a la falta de legislación clara y la negligencia de las plataformas digitales para atender estos casos de manera efectiva. Cuando una mujer política sufre acoso, muchas veces se le dice que es «parte del costo de estar en el ojo público», una frase que normaliza la violencia y nos despoja de nuestro derecho a un entorno seguro para ejercer una labor.
Las consecuencias de este tipo de violencia van mucho más allá del daño personal. El impacto en la democracia es devastador, porque cuando las mujeres abandonan el espacio público por miedo o agotamiento, la representación política se vuelve cada vez más homogénea y alejada de la realidad de la mitad de la población. Una democracia en la que las voces femeninas son acalladas no es una democracia plena, y el costo de esta exclusión es altísimo. Cuando las políticas y líderes sociales somos objeto de ataques constantes, también se erosiona la confianza en las instituciones y se profundiza la desafección política.
La violencia política tiene un efecto disuasivo en las nuevas generaciones, muchas jóvenes que podrían considerar una carrera política se desmotivan al ver los ataques que enfrentamos las mujeres en estos espacios. La falta de modelos a seguir y el temor a la exposición violenta son factores que inhiben la participación femenina en los asuntos públicos, lo que perpetúa la brecha de género en la representación política.
Combatir la violencia política contra las mujeres en internet no es solo una tarea de quienes la hemos sufrido. Es una responsabilidad compartida entre gobiernos, plataformas digitales, sociedad civil y medios de comunicación. Es urgente fortalecer las leyes que penalicen este tipo de ataques, garantizar mecanismos efectivos de denuncia y exigir que las redes sociales asuman su responsabilidad en la regulación del contenido violento. No se puede seguir permitiendo que el anonimato y la impunidad amparen el acoso sistemático. Al mismo tiempo, es fundamental que las mujeres que participamos en política contemos con redes de apoyo, capacitación en seguridad digital y estrategias para hacer frente a estos ataques sin que ello signifique el retiro del debate público.
Las plataformas digitales tienen un papel crucial en esta lucha. La moderación de contenido debe ser más efectiva, con algoritmos que identifiquen y eliminen rápidamente los discursos de odio dirigidos a mujeres políticas. Además, es vital que las denunciantes tengamos canales rápidos y eficaces para reportar agresiones sin quedar atrapadas en procesos burocráticos interminables. Las tecnologías deben dejar de ser cómplices pasivos de la violencia y asumir su rol en la construcción de un entorno digital más seguro e inclusivo.
Las soluciones también pasan por la educación y la sensibilización. Necesitamos una alfabetización digital con perspectiva de género que permita identificar, denunciar y erradicar estas violencias. Los medios de comunicación, por su parte, deben evitar replicar discursos de odio y estereotipos que contribuyan a la deslegitimación de las mujeres en la política. No se trata solo de proteger a quienes ya están en el poder, sino de garantizar que las futuras generaciones de mujeres no tengamos que enfrentar los mismos obstáculos. Si queremos construir sociedades verdaderamente democráticas, es hora de actuar con firmeza y voluntad política para erradicar la violencia política de género en internet. Porque ninguna mujer debería tener que elegir entre su seguridad y su derecho a participar en la vida pública.
Por. María Fernanda Plazas Bravo – X: @mafeplazasbravo
Ingeniera en Recursos Hídricos y Gestión Ambiental
Especialista en Marketing Político – Comunicación de Gobierno Universidad Externado de Colombia
