El título de hoy no es solo una frase, es un grito desesperado que representa el clamor silencioso de miles de niños y niñas en Colombia. Cada día, cada hora, menores de edad sufren violencia y abusos en sus hogares, en las calles, incluso en lugares que deberían ser seguros para ellos. En un país donde las palabras no siempre se traducen en acciones, este llamado nos recuerda que proteger la infancia no es una opción, sino una obligación ineludible.
En Colombia, la violencia contra los niños y niñas se ha convertido en una tragedia cotidiana. Las cifras oficiales son tan impactantes como escalofriantes: más de 15.000 menores fueron víctimas de presunto abuso sexual en el último año, y casi el 83% de esos casos tuvieron como víctimas a niñas. Cada hora que pasa, un niño es agredido sexualmente. Sin embargo, estas cifras no alcanzan a reflejar la magnitud del problema. Muchos de estos crímenes nunca se denuncian, especialmente en zonas rurales donde las agresiones quedan silenciadas dentro de las mismas familias.
El caso de Luis Santiago, asesinado por su padre, el de Yuliana Samboní, violentada y asesinada con apenas siete años, el de Sofía Delgado la niña de 12 años que después de más de veinte días desaparecida fue encontrada desmembrada en medio de un cañaduzal, son solo algunos de los nombres que nos hacen estremecer. Pero el horror no termina con ellos. Cada tragedia parece borrarse en el tiempo hasta que un nuevo crimen nos sacude y vuelve a encender el debate sobre la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores. Lamentablemente, este debate nunca pasa de ser una discusión pasajera en las redes sociales y en los medios, y la justicia sigue cojeando en su misión de proteger a los más vulnerables.
La propuesta de cadena perpetua para los responsables de crímenes contra niños ha sido un tema recurrente, impulsado por la indignación popular que surge tras cada tragedia. Sin embargo, no se puede ignorar que endurecer las penas no es una solución definitiva. El problema no radica solo en la severidad de los castigos, sino en la incapacidad del sistema judicial para actuar con celeridad y eficacia. La impunidad sigue siendo la norma, y la justicia tarda tanto en llegar que, para muchas víctimas, ya no significa nada.
El Estado ha intentado mostrar avances a través de leyes como la Ley de Infancia y Adolescencia, pero la realidad demuestra que aún estamos muy lejos de garantizar una protección efectiva. Las instituciones encargadas de velar por los derechos de los niños no cuentan con los recursos suficientes ni con personal capacitado para atender todos los casos. Muchas veces, los mismos agresores permanecen en libertad, conviviendo con sus víctimas, mientras los procesos judiciales se alargan indefinidamente.
La falta de voluntad política es uno de los mayores obstáculos para resolver esta crisis. Aunque durante las campañas electorales se escuchan discursos emotivos sobre la importancia de la infancia, estos se diluyen rápidamente después de las elecciones. La verdad incómoda es que los niños no votan, y por eso su bienestar no ocupa un lugar prioritario en la agenda pública. Si los políticos no ven réditos electorales inmediatos, los programas de protección y prevención se quedan en el papel, mientras la violencia sigue marcando la vida de miles de menores.
Además de la falta de acción del Estado, también hay una responsabilidad compartida por la sociedad. Muchos casos de abuso y maltrato ocurren dentro de los hogares, en lugares donde los niños deberían sentirse seguros. El silencio de los vecinos, de los familiares, de quienes saben lo que ocurre y deciden no intervenir, es una forma de complicidad. No se puede seguir justificando estos crímenes bajo el pretexto de problemas de salud mental. Quien asesina o abusa de un niño es un criminal, un monstruo que debe ser apartado de la sociedad, como lo manifestaba la fallecida senadora Gilma Jiménez, quien luchó incansablemente por una legislación más severa para los agresores de menores.
Es urgente que el enfoque cambie hacia la prevención. La protección de los niños no puede limitarse a castigar cuando ya es demasiado tarde. Es necesario invertir en programas educativos, comunitarios que sensibilicen a la sociedad sobre la importancia de denunciar y apoyar a las víctimas. El silencio es el mayor aliado de los agresores, romperlo es el primer paso para proteger a los menores. Los colegios, las comunidades, los servicios de salud deben trabajar juntos para detectar señales de maltrato y abuso desde las primeras etapas.
El reto es fortalecer las instituciones encargadas de la protección infantil. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y otras entidades deben contar con el apoyo necesario para responder de manera oportuna y eficiente. No se puede permitir que los niños vuelvan a ser víctimas por falta de atención del Estado. Cada caso de abuso es una deuda que tenemos como sociedad, una muestra de nuestro fracaso colectivo al no haber protegido a quienes más lo necesitan.
El futuro de Colombia depende de cómo tratemos a nuestros niños hoy. No podemos seguir viendo sus vidas como cifras en estadísticas frías, ni permitir que cada tragedia sea simplemente otro nombre más en la larga lista del olvido. Proteger a los menores no es solo un acto de justicia, es un compromiso con la vida misma y con el país que queremos construir. No basta con discursos emotivos ni con leyes más duras. La protección de la infancia requiere una transformación profunda de la sociedad y de las instituciones, para que ningún niño más tenga que vivir con miedo, y para que nunca más tengamos que llorar otra tragedia evitable.
Colombia está en deuda con sus niños. Si queremos ser una sociedad justa y digna, debemos empezar por garantizarles un presente seguro y un futuro lleno de oportunidades. La protección de la infancia no puede esperar. Cada día que pasa sin actuar es una oportunidad perdida, una vida más que se apaga antes de tiempo. No más excusas, no más silencios. Soy un niño, no me mates, protégeme.
Por. Maria Fernanda Plazas Bravo – X: @mafeplazasbravo
Ingeniera en Recursos Hídricos y Gestión Ambiental
Especialista en Marketing Político – Comunicación de Gobierno
Universidad Externado de Colombia
