Janer Iván Morales Poveda, conocido con el alias de “Satanás”, fue condenado a 58 años de cárcel por una serie de hechos violentos que sembraron el terror en zonas rurales de los municipios de Gigante y Garzón durante el año 2024. En los mismos procesos judiciales, Carlos Alberto Castaño Rueda, alias “Andrés”, recibió una condena de 42 años y 11 meses de prisión.
POR: ANDRÉS RODRÍGUEZ.
De acuerdo con la investigación adelantada por el CTI de la Fiscalía, los hoy condenados integraban una estructura criminal responsable de al menos cinco homicidios, caracterizados por extrema violencia. Las víctimas fueron asesinadas, desmembradas y ocultadas en fosas comunes, con evidentes signos de manipulación posterior a la muerte, lo que, según el juez del caso, demuestra la existencia de criminalidad organizada.
Durante el juicio oral, un testigo clave relató cómo fue intimidado, secuestrado y obligado a presenciar y participar en la disposición de los cuerpos bajo amenazas contra su vida y la de su familia. El juez destacó la coherencia, detalle y credibilidad de este testimonio, al considerar que fue rendido sin motivaciones falsas y bajo un contexto de grave coacción.
Las pruebas también evidenciaron que Morales Poveda ejercía control criminal en sectores como Zuluaga, Silvania y Tres Esquinas, con actividades relacionadas con homicidios, tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas y desplazamiento forzado.
Tras valorar el material probatorio, el Juzgado Segundo Penal Especializado de Neiva condenó a “Satanás” a 696 meses de prisión y una multa superior a 11.000 salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de delitos como concierto para delinquir, homicidio agravado, desplazamiento forzado, tráfico de armas y estupefacientes.
Por su parte, Carlos Alberto Castaño Rueda fue sentenciado a 515 meses de prisión y multa de más de 10.600 salarios mínimos, por su participación en varios de estos crímenes.
Las autoridades señalaron que este fallo representa un golpe contundente contra estructuras criminales que operaban en el centro y sur del Huila y reiteraron su compromiso de continuar judicializando hechos de alta gravedad que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana.
