Una investigación de largo aliento desató una tormenta política en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
POR: ANDRÉS RODRÍGUEZ.
Durante casi un año, reporteros obtuvieron y verificaron archivos secretos que apuntan a una presunta red de colaboración entre jefes de las disidencias de las Farc y altos funcionarios estatales, incluidos oficiales en servicio.
UNA RED QUE HABRÍA OPERADO DESDE EL CORAZÓN DEL ESTADO
Los documentos incautados —chats, cartas, correos y reportes— sugieren una conexión directa entre alias Calarcá, jefe del Estado Mayor Central (EMC), y dos figuras clave del Estado:
General Juan Miguel Huertas, director del Comando de Personal del Ejército.Wílmer Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), conocido como El Chulo.
Testimonios de integrantes del EMC confirmaron que ambos habrían facilitado información reservada y propuesto la creación de supuestas “empresas de seguridad”, un mecanismo que, según la investigación, pretendía operar en la línea de la legalidad mientras fortalecía a los grupos armados.
DOCUMENTOS QUE REVELAN ACUERDOS Y FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN
Una carta del 8 de febrero de 2024 registra el reporte de un emisario que asegura haberse reunido en Bogotá con el General Huertas. En el escrito se menciona la oferta de conformar una empresa de seguridad con permisos oficiales, mientras los disidentes aportarían “personal y armamento”. La propuesta habría sido presentada también como un programa de “protección de líderes sociales”.
Otra pieza clave lo vincula con la entrega de datos clasificados que permitieron a frentes en Antioquia, Catatumbo y Bolívar evitar operativos militares.Un miembro del EMC relató: “Gracias a ellos, nos anticiparon movimientos y operativos”.
El papel de Wílmer Mejía sería igualmente decisivo: actuar como puente entre organizaciones ilegales y miembros de la fuerza pública, facilitando incluso desplazamientos de disidentes con órdenes de captura.
IMPLICACIONES POLÍTICAS Y MENCIÓN A LA CAMPAÑA PETRO
La investigación escala a nivel político con conversaciones que involucran a alias Iván Mordisco, alias Mayimbú y otros jefes disidentes. En chats interceptados, se mencionan supuestas pruebas sobre aportes ilegales a la campaña presidencial de Gustavo Petro y se alude directamente a la vicepresidenta Francia Márquez.
En una conversación, alias Danilo Albizú afirma que con los documentos en manos de Mordisco y Mayimbú “lo tumbamos”, refiriéndose al Presidente, y menciona a Márquez como “intermediaria” en esos acercamientos.
Otros nombres citados en la organización de las reuniones incluyen a alias Richard, alias Andrey y alias Mechas, quienes habrían coordinado tareas y contactos con funcionarios estatales.
PACTOS, ALERTAS NO ATENDIDAS Y UN “EMPRESARIO CHINO”
Los archivos también describen un supuesto pacto de no confrontación y un flujo constante de información desde bases militares, estaciones de policía, la Fiscalía y la Dijín hacia las disidencias. Un guerrillero aseguró que la mayoría de operaciones fueron frustradas porque “siempre nos avisaron”.
Dentro de los hallazgos sobresale la presencia de un ciudadano chino, Xi Xin Xang, en campamentos del Catatumbo, Caquetá y sur de Bolívar. Según los documentos, se encontraba gestionando compras de armas y analizando proyectos de minería ilegal.
SILENCIO OFICIAL Y CRECIENTE PREOCUPACIÓN
Hasta ahora, Francia Márquez, el General Huertas y Wílmer Mejía no han respondido a los requerimientos del medio. La Presidencia señaló que realizará “consultas pertinentes”, mientras se acrecienta la preocupación por la aparente inacción de los organismos de seguridad frente a las estructuras de alias Calarcá, que habrían ampliado su influencia en el territorio.
