Los bienes entregados por las extintas FARC al Estado no estarían cumpliendo con lo pactado en el Acuerdo de Paz, situación que pone en entredicho la efectividad de la justicia transicional y los compromisos de reparación a las víctimas.
POR: ANDRÉS RODRÍGUEZ.
Actualmente, el patrimonio está bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), mientras que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) figura como beneficiaria. Este esquema ha generado incertidumbre frente al cumplimiento de los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Organismos y sectores sociales advierten que las falencias en la entrega y administración de estos bienes podrían afectar directamente los derechos de las víctimas y debilitar la confianza en el proceso de paz.
